El 10 de octubre de 1967 entró en vigor el Tratado del Espacio Exterior, firmado inicialmente por Reino Unido, Unión Soviética y Estados Unidos y al que están suscritos hoy en día más de una centena de países, entre ellos España. Conocido también por Tratado en los principios de la gobernanza de las actividades de las naciones en la exploración y uso del espacio exterior, incluyendo a la luna u otros cuerpos celestiales, representa el marco jurídico básico para el derecho internacional del espacio. Entre sus principios, prohíbe a sus suscriptores la colocación de armas nucleares u otras armas de destrucción masiva en la órbita de la Tierra, así como su instalación en la Luna o en cualquier otro cuerpo celeste, o de otra estación en el espacio exterior.

Entre otras especificaciones, el tratado limita el uso de la Luna y otros cuerpos celestes a actividades con finalidad pacífica, prohibiéndose cualquier el desarrollo de cualquier tipo de actividad de índole militar. El tratado prohíbe explícitamente a cualquier gobierno la reivindicación de recurso celestes como la Luna o un planeta, ya que son patrimonio común de la humanidad. El Art. II del Tratado establece, de hecho, que “el espacio exterior, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no es objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, mediante el uso u ocupación, ni por cualquier otro medio”.